Amnistía para los violadores de
los derechos humanos
En un artículo
anterior, hice mención con referencia a las posibilidades de la amnistía
general, para aquellos que causaron dolor y dejaron heridas abiertas en la
población nacional en su conjunto, haciendo hincapié del más grande genocida de
la historia peruana, Abimael Guzmán Reynoso, responsable de Sendero Luminoso y
de los más de 40 mil muertos. Dentro de este núcleo de genocidio, y que hoy con
todo el descaro piden amnistía, está el dictador de Alberto Fujimori, el grupo
Colina, el grupo Rodrigo Franco, y los militares que actuaron con alevosía ante
una población indefensa.
El día de
ayer, finalmente el Ejecutivo presentó el Decreto Ley 1097, en el marco de las
facultades delegadas por el Congreso, estipulando este Decreto Ley lo
siguiente: “Se podrá juzgar los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.
Homicidio, lesiones consideradas como violaciones a los derechos humanos” sin
embargo cabe resaltar que, la presente Ley 1097, solo será aplicada en
beneficio de los policías y militares, Ley que a todas luces exigirá la
celeridad de las investigaciones, juicios y sentencias rápidas, por ende,
obviando el Estado Democrático, y a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, quienes sostienen que los casos Lesa Humanidad a los Derechos Humanos
son imprescriptibles y sin posibilidad de beneficio de amnistía.
Si bien es cierto,
el Decreto Ley 1097 no dice textualmente “Amnistía” pues el trasfondo legal, es
una amnistía adelantada a todos aquellos que incurrieron en actos de exterminio
de nuestra población. Pues bajo este Decreto Ley, aquellos casos que violaron
los Derechos Humanos y que aún no estén con sentencia, pues saldrán en libertad
por exceso de carcelería, lo que nos hace presumir que, el gobierno está
cumpliendo cabalmente el planteamiento del grupo terrorista de Sendero
Luminoso, que desde 1992 vienen planteando un Acuerdo de Paz y Amnistía
General, acción que hoy se vive con este Decreto Ley, emitida por el Ejecutivo.
No cabe duda
que, el gobierno de Alan García Pérez, no solo gobierna para los grandes
transnacionales capitalistas, sino que, ahora trabaja indesmayablemente por
dejar en libertad a los juzgados por delitos de Lesa Humanidad, de tal manera
que, su primer gobierno de 1985 a 1990, no esté implicado y no sea investigado
por hechos de genocidio a una población que pago con su vida.
Hoy más que
nunca, hacemos el llamado a los parlamentarios de la República, a que asuman su
rol y responsabilidad histórica, y que en el pleno del Congreso, observe y
derogue este Decreto Ley 1097, que a todas luces, es una bofetada descarada a
los miles de peruanos que fueron perjudicados, y muchas de ellos, hoy
desplazados y huérfanos de familiares. Pedir a las instituciones sociales e
instituciones que defienden la vida humana como ser supremo de una Nación, a
que estemos atentos y juntos hagamos retroceder estas negras intenciones del
gobierno de turno, basta de burlas y humillaciones, solo un pueblo unido y
organizado, hará prevalecer nuestros derechos conquistados, fundamentalmente el
derecho a la vida.
Sergio Gonzales Apaza
Periodista
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