EL PODER NACIONAL

La tumbo... al estado de derecho

Hace 60 días, que el Congreso de la República delegó las funciones al Ejecutivo para Legislar en materia de terrorismo, narcotráfico y violencia social y como era prevenible, esto sería aprovechado por el gobierno de Alan García Pérez, para profundizar la criminalización de las protestas populares, el cual, no es más que la radiografía social real de nuestra sociedad peruana.

Esta semana entrante, el Legislativo tendrá una ardua labor, y esencialmente aquellos parlamentarios que dicen representar al pueblo peruano, frente a las verdaderas intenciones del gobierno de turno. Para esclarecer en referencia al punto, el Ejecutivo el día de hoy ha enviado al Legislativo el Proyecto de Ley 3685, en la que señala que cualquier persona podrá ser detenida sin la necesidad que exista una orden de detención por mandato del Juez o por flagrante delito, pero ¿Cuál es el trasfondo de este Proyecto de Ley?

Según el gobierno, este proyecto permitirá reducir el nivel de violencia actual, lo cual suena utópico por una sencilla razón, pues en primera instancia se tendría que destinar una partida adicional al presupuesto del Ministerio de Justicia a fin que se construyan nuevos reclusorios, ya que los actuales no se dan basto ante los 40 mil ciudadanos de la población penitenciaria, además que, se tendrá que reformar la Constitución Política del Perú, lo cual solo se puede efectuar en dos legislaturas.

Pero, esto viene hacer nada más que la forma del Proyecto de Ley en mención, ya que la esencia de esta propuesta, es profundizar la política de la criminalización de las protestas sociales; por las razones que, durante los últimos años se viene incrementado el descontento social, tal como lo ha dado a conocer la representante de la defensoría del pueblo, Beatriz Merino, el cual dio a conocer que existen más de 260 conflictos sociales y el 80 % de ellos, a punto de estallar por falta de decisión y voluntad política del gobierno de turno en resolver cada una de ellas.

Bien es sabido que, al inicio de este gobierno de Alan García Pérez, dentro de sus principales objetivos ha sido desarticular todo movimiento social que reclame sus derechos conquistado, en ese contexto inició su arremetida legal con la promulgación del Decreto de Ley 885 y 887 en los primeros meses del 2008, la cual autorizaba a las fuerzas armadas, utilizar sus armas en caso de desorden social, claro entre comillas, posterior a ello, a inicios del año del 2009 se aprobó la Ley del arresto domiciliario, en la que cualquier ciudadanos podría detener a otra persona y entregarlo a la policía, aun así, no existan las pruebas fehacientes del hecho delictivo, pues en ambas pretensiones judiciales, a los días actuales no han dado resultados óptimos como lo esperaba el gobierno, frente a esta situación, es que García, quien en realidad es el gobernante de los ricos, del empresariado nacional y extranjero, hoy se desnuda por completo y pone al descubierto su reales pretensiones que, no es otra cosa que criminalizar las protestas populares ante sus justos reclamos.

Por otro lado, tocando el lado jurisdiccional, este hecho vulnera el Estado de Derecho, ya que, el Proyecto de Ley 3685 desde ya, es inconstitucional en el sentido legal siguiente.

Primero, según el Artículo 2 del inciso 24 numeral F de la Constitución política, señala “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”, por lo tanto, se contrapone al Proyecto de Ley emitido por el gobierno, considerando a su vez, que el artículo 2 de nuestra Constitución Política, es considerada como parte de los derechos fundamentales de la persona, y ello funciona en todas las naciones, aun así, capitalistas; por lo tanto, Alan García estaría vulnerando la Constitución con la cual gobierna y eso desde el aspecto político, es causal de un autogolpe en caso de no pasar por la aprobación de dos Legislatura como lo manda la misma Constitución Política.

Segundo, el Código Procesal Penal, Articulo 259, dice “La policía detendrá, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito” continua “Existe flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible, o acaba de cometerlo”, es decir que, con el Proyecto de Ley 3685 emitido por el Ejecutivo, demostraría en esencia que, la intención no es detener al infractor, sino detener a como dé lugar a todo aquel que, este reclamando sus justos derechos conquistados en años de lucha. Pues imaginemos que, en estos nuevos casos ha judicializarse, existían jueces que liberan a los corruptos de Crusillac, a Delgado Paker, o al presunto autor de la muerte del periodista Rivera, el alcalde Valdez Villacorta, o como es el caso último de la liberación de personas que fueron violadores, pues estaríamos a punto de vivir en Zomorra y Gomorra, es decir, que tendríamos a sinfines de personas inocentes encarceladas, sobre todo, aquellas que se encuentren protestando en las calles reclamando sus justos derechos, esperamos de los congresistas conscientes que, no permitan pasar este Proyecto de Ley que desde ya, es anticonstitucional que por el contrario profundiza la criminalización de las protestas sociales y ello, es ir en contra del Estado de Derecho que tanto se defiende.

Sergio Gonzales Apaza

Periodista