Necesidad de la ley general del trabajo, bajo una nueva Constitución Política

Necesidad de la ley general del trabajo, bajo una nueva Constitución Política

Durante el desarrollo de la 48 Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE-2010), los empresarios abordaron un tema de vital transcendencia nacional, para retomar el debate en referencia al aspecto laboral en las perspectivas de la competitividad y productividad. Durante los artículos anteriores he venido sosteniendo que es de importancia que los candidatos presidenciales en esta nueva coyuntura política, asuman como agenda de discusión, la vigencia o no del modelo económico neoliberal, amparada a todas luces por la Constitución política, impuesta por el gobierno dictatorial a partir de 1993; de modo que, permita tener dos opciones, por un lado la continuación del modelo económico imperante, o en su defecto, convocar a la Asamblea Constituyente a fin de elaborar nuevas leyes concordantes a nuestra realidad peruana en lo político, económico, social, laboral y cultural.

No cabe duda que estamos creciendo económicamente al 8%, pero a su vez decreciendo en los derechos laborales por la flexibilizados laboral, con salarios estancados, por ende, las condiciones de vida de los trabajadores obstruidas por la precariedad laboral, amparadas en las cuestiones de forma de los Decretos Ley y normas emitidas a favor del empresariado, obviando así el rol fundamental que debió cumplir el Estado peruano en bien del sector laboral para la dinamización de la economía nacional.

Precisamente una de los sectores beneficiados con estos Decretos Ley, fue el sector agro-industrial donde las transnacionales están viviendo el boom de las exportaciones de productos no tradicionales, y como contraparte, los trabajadores que son parte de la política productiva, han visto aminorados sus salarios y sus derechos laborales, reducidos a favor de la competitividad empresarial.

En ese contexto, es de suma necesidad que el gobierno peruano derogue los regímenes laborales de promoción al sector agrario D.L 26360, y la Ley de promoción de exportación no tradicional D.L 22342, aprobadas en el gobierno de Morales Bermúdez en 1977, hoy obsoletas, a lo cual, la sociedad nacional de industrias se muestra en desacuerdo, azuzando que de efectuarse la derogatoria de estos Decretos Ley, tendría graves consecuencias y repercutiría en la pérdida de 300 mil empleos directos e indirectos, estancamiento de las exportaciones. Pues este análisis es sesgado toda vez que, estamos con un PBI de 8% anualizado durante 10 años consecutivos, del 2000 al 2010 el aumento de puestos de trabajo se incrementó en un promedio de 3.5% aun así en plena crisis mundial, con rentabilidades exportadoras agroindustriales que sobrepasan los 5 mil millones de dólares durante los 3 últimos años que representa un crecimiento económico industrial de 12%. En consecuencia, es razonable y coherente plantear la derogatoria de dichos Decretos Ley que solo benefician al empresariado agroindustrial, en tanto que los recursos salariales y beneficios laborales como gratificaciones, CTS, son recortados injustificablemente.

La profundización de las políticas excluyentes para el trabajador peruano, se dan en el marco jurídico vigente en temas laborales, que está arraigada en las Constitución de 1993; por ejemplo, el Decreto Ley Nº 728 (Ley de productividades y competitividad laboral), el cual flexibilizó significativamente las relaciones individuales del trabajo, creando diferentes regímenes especiales donde era posible una extrema flexibilización de las obligaciones y derechos más allá de una aplicación temporal o extraordinaria. Pero ahí no acaba todo, de modo que a esto lo acompañaría el Decreto Legislativo 25593 (Ley de relaciones colectivas), que permitió el despido arbitrario, masivos ceses colectivos, y, la desaparición de garantías para la libertad sindical, los mismos que han ido mellando los derechos laborales del trabajador peruano, atropellos que fueron necesarios para una competitividad y productividad.

Es decir, durante el gobierno de Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García, se ha sostenido la actual Constitución política de 1993, y con ella han venido gobernando los antes mencionados, de manera que, sometieron a los trabajadores peruanos a la exclusión de las ganancias de las empresas privadas nacionales y transnacionales, y clarísimo ejemplo están las agro-industrias que han alcanzado niveles de exportación durante los últimos 10 años al 12% de crecimiento, en tanto que las exportaciones y ganancias de las empresas mineras se han elevado inconteniblemente.

No cabe duda que es de suma importancia mantener el crecimiento económico, consecuentemente la competitividad y la productividad laboral, sin embargo, esta debería dar un giro estratégico en la macroeconomía, de modo que eleve los salarios, sueldos, compensaciones y derechos laborales que permitan al trabajador tener mayores recursos económicos, la misma que debe darse en el marco de una nueva Ley General del Trabajo, bajo una nueva Constitución política.

La competitividad y la productividad son de vital incidencia en el desarrollo de una nación, pero debe caminar de la mano con la inclusión social y la redistribución de las riquezas, solo así podremos alcanzar una sociedad equilibrada, inclusiva, por ende, reducir la brecha de desigualdad y pobreza existente en el Perú; que si bien en los últimos 5 años se han recortado sustancialmente la nivel de pobreza urbana, a su vez la pobreza ha ido creciendo en la zona rural, donde los pobres están dejando la pobreza para pasar a la extrema pobreza, mejor dicho, a una vida de miseria sin poder satisfacer las principales necesidades de vida. Esta propuesta puede ser viable en cuanto se elabore una Constitución acorde a los intereses nacionales, con un modelo económico social que revierta la situación excluyente, vale decir, poner la economía al servicio del hombre y no a la inversa, que es la práctica actual del neoliberalismo imperante.

Sergio Gonzales Apaza

Periodista