La manzana de la discordia del
Decreto Ley 1097, nos deja nuevas lecciones
Días atrás, me
permití opinar con relación al Decreto Ley 1097, la que es inconstitucional, y
por ende, vulnera la Constitución Política del Perú y el Nuevo Código Procesal
Penal; a ello, es de vital importancia efectuar algunos agregados, de las
cuales considero esenciales.
Esta semana
transcurrida, el Perú ha vivido escenas significativas, que seguramente
quedarán como hechos históricos para las venideras generaciones, las que nos
dejan como moraleja, que efectuando un trabajo de concientización y unidad de
quienes creemos en la vida como ser supremo de una Nación, no permitirá pasar
las adversidades indeseables de un mandatario, por más demócrata o dictador que
pueda ser este, pero a su vez, la coyuntura política semanal, ha demostrado la
convivencia de la alianza Fujimorista-Aprista, coalición que deviene desde
1990, cuando el Apra apostó por Alberto Fujimori y este, le devolvió el favor
el 2006, cuando Alan García ganó con fraude las elecciones generales, es decir,
queda al descubierto que la corrupción Fujimorista, aún está latente y vive en
medio del gobierno.
A 4 años y dos
meses de régimen de Alan García Pérez, es evidente que el Fujimorismo
Co-gobierna con el Apra, y no queda la menor duda y menos fue casual que, la
cartea del Ministerio de Defensa en la conducción del ministro Rafael Rey, haya
propuesto la amnistía encubierta, para aquellas personas que cometieron delitos
de Lesa Humanidad, dejando secuelas de dolor, sufrimiento, desolación y miles
de familias destruidas y fragmentadas.
Gracias al
trabajo de investigación de los periodistas, quienes han asumido en un momento
difícil su rol de hacer prevalecer la justicia para aquellos peruanos que aún
están con las heridas abiertas después un doloroso proceso; el periodismo ha
jugado un papel indiscutible, la misma que dejó al descubierto el contubernio
de quienes esencialmente estaban detrás de dicho Decreto Ley 1097, y como era
de esperarse, provenía de los laureles Fujimoristas, mediante el enlace
encubierto del abogado Cesar Nagasaki, defensor no solo del ex dictador Alberto
Fujimori, sino también, tutor de militares que cometieron Violaciones a los
Derechos Humanos, es decir, antes de promulgarse el Decreto Ley en discusión,
todo estaba consumado, la que finalmente beneficiaría a sus patrocinados.
De igual
forma, queda en evidencia que Sergio Tapia, asesor del vicepresidente de la
República, Luis Giampietri, quien está acusado por los delitos de Lesa
Humanidad por los casos del Frontón, jugó el rol discreto de enlace, por lo
cual, el asesor solo era la forma, ya que la fondo del plan, provenía del
vicealmirante, quien es el más interesado, obvio, junto al gobierno, en que se
archiven estos procesos de las que están implicados directamente. En ese
contexto, ahora se puede entender porque tres semanas atrás, el presidente de
la República, Alan García, opinó en que apoyaría de todas maneras a Keiko
Fujimori, como la opción acertada, siendo la esencia, permitir que en el futuro
no se juzgue a Alan García por los casos del Frontón y las últimas muertes
acontecidas en las protestas sociales de su segundo gobierno.
Sin embargo,
para la alegría de los peruanos, es propicio saludar en primera instancia, el
accionar de la Fiscalía Superior Penal Nacional, que recae en la representación
de Vítor Cubas Villanueva, quien mediante un comunicado público el 09-09-10,
fue explícito en señalar a los fiscales nacionales que “Hay que enfrentar y
oponerse a la aplicación del Decreto Ley 1097 y exigir se respete la
Constitución, el Nuevo Código Procesal Penal, y la Comisión Americana de
Derechos Humanos” una actitud congruente y eficaz, dentro de este sistema
político que viene criminalizando todo aquello que sea la defensa de los
derechos fundamentales del ciudadano; en este panorama coyuntural, se sumó la
posición firme de la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana,
quienes han condenado el accionar del gobierno.
Felicitar la
perseverancia de las víctimas y familiares del conflicto interno, a las ONG,s
que defienden el derecho y respeto a la vida, y desde luego, sentirnos alagados
-al menos por ahora- por la actitud significativa de algunos Congresistas,
quienes con gallardía han presentado la inconstitucional del Decreto Ley 1097,
ante el organismo del Tribunal Constitucional; estos sucesos merecen
congratular, porque han permitido sobreponer la voluntad de un pueblo, ante un
gobernante que se pinta y proclama de democrático, que en sí, da signos de ser
una dictadura formal.
Otro aspecto
que ha pasado un tanto desapercibido a media semana, fueron las declaraciones
contundentes del ministro de Justicia, García Toma, quien tuvo la virtud, creo
yo, en dejar en alto al sistema Judicial de donde proviene su representación,
ya que, amenazó con renunciar, en caso no se revisara y mejor si se derogaba el
Decreto de Ley, que es la manzana de la discordia, y que de manera escueta
manifestó “Si se produce la derogatoria no va brotar una sola lagrima por este
hecho, tampoco me voy a colocar un traje negro, ni voy a ponerme en una
situación de luto ni participare en las exequias de ese suceso”, palabras que
dejan como reflexión a los miembros del gobierno, por tener en consideración,
que se trata de expresiones de un militante aprista y más aún, miembro del
actual gabinete ministerial.
En líneas
generales, me conservo un tanto satisfecho, en el sentido que, aun contamos con
un sistema Jurídico, Social y Político, que en circunstancias coyunturales como
la que acabamos de vivir, definen cuál es su papel preponderante a fin de hacer
respetar los derechos que les corresponden a los peruanos, asimismo, estos
sucesos, dejan como lectura y reflexión que, un pueblo consciente, con
organismos institucionales que asuman un nivel crítico constructivo, y con
bases sociales debidamente fortalecidas y unificadas, se puede hacer retroceder
la mediocridad intencional de los gobernantes que creen ser los amos y señores
de una Nación, cuando hoy queda demostrado que no son dueños de nada, ni se su
alma. Concluyo así, en el contexto que, tengamos por seguro que el Decreto Ley
1097, en los próximas semanas será declarado inconstitucional y con ello se
permitirá su derogatoria; en consecuencia, accionar que quedará plasmado en la
historia del Perú, que se expresará, que el segundo gobierno de Alan García
Pérez, una vez más tuvo desaciertos en materia Social, Política y Económica,
prefiriendo un gobierno que criminalizaba las protestas sociales, con el
objetivo profundizar las políticas Neoliberales.
Sergio Gonzales Apaza
Periodista
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